El error más caro que se comete en la valoración del daño corporal en España no es técnico. Es conceptual: tratar el baremo como una calculadora automática donde se introducen datos y sale un número. Quien piensa así —sea abogado, perito o tramitador de aseguradora— deja dinero sobre la mesa o, peor, produce informes que no resisten una impugnación en sala.

El sistema de baremo de accidentes en España, regulado por la Ley 35/2015 y actualizado cada enero, vertebra el daño en tres grandes bloques: fallecimiento (Tabla 1), secuelas permanentes (Tabla 2) y lesiones temporales (Tabla 3). Cada bloque separa perjuicio extrapatrimonial del patrimonial, y dentro del patrimonial distingue daño emergente de lucro cesante. Esa arquitectura no es decorativa. Ignorarla es el primer error, y arrastra todos los demás.

Primer error: mezclar conceptos que el baremo separa a propósito

El principio de vertebración del daño obliga a valorar cada perjuicio de forma independiente. Suena elemental, pero la práctica demuestra que se incumple con frecuencia. El patrón típico: un informe pericial que agrupa bajo "secuelas" tanto la limitación funcional como el perjuicio estético, asignando una puntuación global. El baremo los valora por separado, con tablas distintas y criterios propios.

Supongamos un lesionado de 40 años con una cicatriz queloidea en el antebrazo y una limitación de la flexión del codo tras fractura. Si el perito puntúa ambas secuelas en un solo bloque funcional, el perjuicio estético desaparece de la indemnización. El estético tiene su propia escala (de ligero a importantísimo) y genera una cuantía adicional que no se solapa con la funcional.

La consecuencia económica varía según el caso, pero en hipótesis con secuelas moderadas puede suponer varios miles de euros de diferencia. La corrección es sencilla: puntuar siempre por separado la secuela funcional y el perjuicio estético, fundamentando cada puntuación con exploración clínica y, cuando proceda, documentación fotográfica.

Este mismo vicio se reproduce en la Tabla 1 (fallecimiento). El perjuicio personal básico de cada perjudicado —cónyuge, hijos, padres— lleva su propia cuantía según la tabla, pero el perjuicio patrimonial por lucro cesante del fallecido se calcula aparte, con bases técnicas actuariales que el artículo 48 de la LRCSCVM manda revisar cada cinco años. Fusionar ambos conceptos en una reclamación genérica debilita la posición negociadora.

Segundo error: aplicar el valor del punto sin cruzarlo con la edad

Quien trabaja con la Tabla 2 de secuelas sabe que el valor económico de cada punto no es fijo: depende de la puntuación total y de la edad del lesionado. A menor edad, mayor valor del punto, porque la secuela se soportará durante más años. A mayor puntuación total, el valor del punto también sube, reflejando que la acumulación de secuelas genera un perjuicio desproporcionadamente mayor.

El error frecuente consiste en tomar un valor del punto estándar —muchas veces el de una franja de edad o puntuación que no corresponde— y multiplicar sin más. Imagínese un caso en el que dos lesionados tienen exactamente las mismas secuelas (pongamos 15 puntos funcionales), pero uno tiene 25 años y otro 60. La diferencia en la indemnización por perjuicio personal básico puede ser muy significativa, porque el baremo asigna valores del punto decrecientes con la edad.

La Resolución de 3 de febrero de 2026 publica las cuantías actualizadas con un incremento del 2,9%, correspondiente a la variación anual del IPC registrada en 2025. Desde la Ley 5/2025, el artículo 49 de la LRCSCVM establece que la actualización se realiza aplicando el IPC anual, sustituyendo el anterior criterio del índice de revalorización de las pensiones. Usar tablas del año anterior cuando el siniestro se reclama en el ejercicio vigente es otro fallo habitual que, acumulado sobre varios conceptos indemnizatorios, distorsiona el resultado.

La forma correcta de operar: identificar la fecha del siniestro, aplicar las tablas vigentes en ese momento para el cálculo base, y verificar si procede actualización por demora en el pago conforme a los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

Tercer error: infravalorar las lesiones temporales de la Tabla 3

La Tabla 3 cubre el periodo entre el accidente y la estabilización lesional (alta médica o consolidación de secuelas). Distingue entre perjuicio personal básico, perjuicio personal particular (moderado, grave y muy grave) y perjuicio patrimonial (daño emergente más lucro cesante durante la baja).

El error sistemático: calificar todos los días de curación como "perjuicio básico" sin graduar la intensidad real del daño durante cada fase. Un lesionado hospitalizado con tracción esquelética no sufre el mismo perjuicio diario que cuando, semanas después, acude a rehabilitación ambulatoria tres veces por semana. El baremo prevé esa graduación, y no aplicarla significa aceptar la indemnización mínima por día.

Supongamos un lesionado de 35 años con fractura de meseta tibial que requiere osteosíntesis. Los primeros 10 días está ingresado (perjuicio muy grave); los siguientes 45 días, inmovilizado en domicilio sin apoyo (perjuicio grave); los 90 días restantes, en rehabilitación con carga parcial progresiva (perjuicio moderado). Si todo el periodo se computa como básico, la diferencia acumulada es sustancial. A eso hay que sumar la intervención quirúrgica, que en 2025 se valoraba en una horquilla de 508,03 € a 2.032,12 € según complejidad, y el lucro cesante acreditado durante la baja.

La corrección exige que el informe pericial detalle, día a día o por tramos, la situación funcional real del lesionado. No basta con "120 días de curación". Hay que especificar cuántos fueron muy graves, graves, moderados y básicos, con soporte en la historia clínica.

Cuarto error: ignorar que el baremo español no es el único modelo posible

Cuando se litiga un siniestro con elemento transfronterizo —turista francés accidentado en España, conductor español siniestrado en Italia—, la ley aplicable puede no ser la española. Desconocer cómo funciona el baremo de accidentes en otros ordenamientos lleva a reclamaciones mal planteadas.

España se sitúa en una posición media-baja en cuanto a cuantías indemnizatorias dentro de la UE. Francia utiliza el sistema Dintilhac, que no es un baremo legal vinculante sino una nomenclatura de perjuicios que estructura la reclamación. Los jueces franceses tienen mayor discrecionalidad para fijar importes, lo que en la práctica produce indemnizaciones más elevadas, especialmente en daño moral y perjuicio de disfrute (préjudice d'agrément). Italia aplica tablas judiciales —las más referenciadas son las del Tribunal de Milán— que, sin ser ley formal, funcionan como baremo de facto y también tienden a cuantías superiores a las españolas para secuelas graves.

La diferencia no es solo cuantitativa. El modelo español tiene la ventaja de la previsibilidad: el principio de integridad de la reparación del daño, recogido en la Ley 35/2015, busca situar a la víctima en una posición lo más parecida posible a la que tendría de no haberse producido el accidente, pero lo hace dentro de un marco tasado. Francia e Italia permiten mayor argumentación individualizada, lo que beneficia a víctimas con perjuicios atípicos pero genera más litigiosidad.

Para el perito médico, la implicación práctica es clara: el informe debe describir el daño con suficiente detalle clínico para que sea traducible a cualquier sistema. Limitarse a poner puntos del baremo español sin fundamentar la exploración, las pruebas complementarias y el razonamiento médico convierte el informe en un documento inservible fuera de nuestras fronteras y frágil dentro de ellas.

Quinto error: olvidar que el baremo tiene rango constitucional confirmado

Algunos letrados siguen planteando la inaplicación del baremo alegando que limita la tutela judicial efectiva o el derecho a la reparación íntegra. Esa batalla se libró y se perdió. La Sentencia del Tribunal Constitucional 181/2000, de 29 de junio, declaró la constitucionalidad del sistema y la obligatoriedad de su aplicación en el ámbito de la circulación de vehículos a motor.

El matiz que muchos pasan por alto: el baremo es obligatorio para accidentes de tráfico. En otros ámbitos —responsabilidad médica, accidentes laborales, caídas en vía pública— se utiliza como referencia orientativa, pero el juez puede apartarse de él motivadamente. La doctrina del Supremo ha consolidado su uso analógico en esos contextos, aunque sin la rigidez que impone en circulación.

El error práctico: plantear una reclamación extrajudicial por accidente de tráfico "al margen del baremo", pidiendo cantidades basadas en criterios subjetivos. La aseguradora rechazará la reclamación, el juez aplicará el baremo, y el cliente habrá perdido tiempo y confianza. La corrección es obvia: dominar el sistema, exprimir cada concepto indemnizatorio que el propio baremo ofrece, y reservar la argumentación extra-baremo para los supuestos donde legalmente procede.

El artículo 7.d) de la Ley del IRPF añade un dato que pocos abogados comunican al cliente en la primera consulta: las indemnizaciones por daños personales derivadas de responsabilidad civil están exentas de tributación siempre que la cuantía sea legal o judicialmente reconocida. Reclamar por encima del baremo sin cobertura legal puede comprometer esa exención fiscal.

Cómo se evitan estos errores en la práctica

Todos comparten una raíz común: la desconexión entre el trabajo médico-pericial y el trabajo jurídico. El abogado que no entiende la exploración clínica no puede detectar secuelas infravaloradas. El perito que no conoce la estructura del baremo no sabe qué debe medir ni cómo presentarlo.

La valoración del daño corporal en España exige que ambos profesionales hablen el mismo idioma. El informe pericial debe estar construido pensando en las tablas que el abogado va a aplicar, y el abogado debe saber leer una resonancia magnética lo suficiente como para cuestionar un informe que no cuadra con la clínica.

Para quienes buscan informes periciales médicos rigurosos y adaptados a la estructura del baremo, el equipo de Atención Pericial trabaja con esa filosofía de puente entre medicina y derecho.