Subestimar la complejidad clínica del Long COVID en la pericia médica

El error más repetido en el peritaje médico del Long COVID es tratarlo como una secuela monolítica, sin reconocer la enorme variabilidad clínica y la falta de biomarcadores específicos. Se sigue viendo informes que se limitan a listar síntomas (fatiga, disnea, niebla mental) sin un análisis funcional real del impacto laboral.

Supongamos una persona de 35 años, administrativa de profesión, que tras una infección por SARS-CoV-2 mantiene síntomas de fatiga crónica, cefalea y dificultad de concentración más allá de los 12 meses. Un informe pericial superficial simplemente reproduciría el relato sintomático y pruebas básicas normales. El tribunal, ante la falta de objetivación, suele denegar la incapacidad alegando ausencia de pruebas concluyentes.

La consecuencia es directa: la valoración según el baremo queda en el tramo más bajo o incluso fuera de la incapacidad, y la defensa jurídica pierde fuerza. Para evitarlo, la pericia debe apoyarse en criterios internacionales (OMS, NICE, CDC), detallando la repercusión en la capacidad funcional según la profesión concreta y utilizando escalas validadas (ejemplo: Fatigue Severity Scale, Montreal Cognitive Assessment). Sin este rigor, el Long COVID queda minimizado y la defensa legal carece de base sólida.

Ignorar la aplicación precisa del artículo 194 LGSS en el contexto Long COVID

Muchos abogados y peritos cometen el error de invocar la incapacidad permanente total o absoluta por Long COVID sin analizar el artículo 194 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) en toda su extensión. Este precepto exige que la incapacidad derive de "reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas".

En la práctica, el error se materializa cuando se solicita una incapacidad absoluta por síntomas fluctuantes y sin una correlación clara con la profesión habitual. Por ejemplo, un docente con disnea leve y fatiga que puede desempeñar tareas administrativas, pero no la docencia presencial, podría optar a una incapacidad total para su profesión habitual, pero no absoluta. Solicitar la absoluta sin justificar la imposibilidad de toda actividad laboral suele llevar a la desestimación.

La valoración correcta exige mapear síntomas con limitaciones objetivas, y vincularlas al desempeño laboral específico. Además, la defensa jurídica debe anticipar las objeciones de la parte contraria respecto a la falta de "determinación objetiva" y preparar la pericia en consecuencia.

Falta de documentación clínica longitudinal y pruebas funcionales

Otro error frecuente es presentar expedientes con informes aislados, sin una trazabilidad temporal ni pruebas funcionales repetidas. El Long COVID, por definición, exige persistencia de síntomas más allá de 12 semanas, pero los tribunales valoran especialmente la estabilidad o cronicidad de las limitaciones.

Imaginemos una persona de 50 años que aporta solo un informe de atención primaria de hace 8 meses y una analítica normal. La aseguradora o el INSS pueden argumentar que no hay evidencia de persistencia ni de gravedad funcional, y la solicitud de incapacidad (parcial, total o absoluta) se desestima.

La solución pasa por recopilar informes sucesivos, pruebas de esfuerzo, escalas funcionales y, si procede, valoración neuropsicológica. Este seguimiento longitudinal es clave para probar la "previsibilidad de permanencia" que exige el artículo 194 LGSS y que la doctrina del Supremo ha interpretado como requisito esencial.

Confundir criterios diagnósticos internacionales con criterios de incapacidad

No es raro ver informes periciales que confunden el diagnóstico de Long COVID (según OMS o CDC) con la existencia automática de incapacidad. El diagnóstico es condición necesaria, pero no suficiente: la incapacidad depende del grado de limitación funcional y su relación con la profesión, tal como exige la LGSS.

Por ejemplo, un trabajador de la construcción con dolor articular y fatiga leve diagnosticado de Long COVID según criterios internacionales puede seguir desempeñando tareas adaptadas. Solicitar una incapacidad total sin demostrar la imposibilidad de realizar tareas fundamentales con las adaptaciones razonables lleva a la denegación.

La pericia debe diferenciar entre criterios diagnósticos y criterios de incapacidad, y la defensa legal debe centrar la argumentación en el binomio limitación/profesión, no solo en el diagnóstico.

Citar jurisprudencia sin analizar el caso concreto ni el nexo causal

En los últimos años, han proliferado sentencias de Tribunales Superiores de Justicia que reconocen la incapacidad permanente relacionada con COVID persistente, pero el error está en invocarlas de forma genérica sin analizar el caso concreto ni el nexo causal. Por ejemplo, la STSJ de Galicia 4083/2023, de 19 de junio, reconoce la incapacidad permanente absoluta a una enfermera por Long COVID, pero fundamenta la decisión en la "reiterada objetivación clínica, pruebas funcionales y seguimiento multidisciplinar".

Utilizar esta sentencia como argumento en un caso donde no existe tal documentación ni seguimiento solo debilita la defensa. La jurisprudencia es útil si se puede replicar la estructura probatoria y el nexo causal, no como argumento de autoridad vacío.

La defensa jurídica debe estudiar cada sentencia y extraer los requisitos probatorios que fueron determinantes, no solo la parte dispositiva.

Errores en la cuantificación y baremación de la incapacidad

Finalmente, persiste la tendencia a aplicar baremos de forma automática, sin ajustar la valoración a la edad, profesión y grado de limitación. La Resolución DGSFP vigente y el baremo de la Ley 35/2015 ofrecen rangos según la edad y la gravedad, pero es frecuente ver informes que otorgan la misma puntuación a profesiones con exigencias físicas o cognitivas muy distintas.

Supongamos dos personas de 40 años: una teleoperadora con "niebla mental" y un operario de fábrica con disnea de esfuerzo. Si ambas reciben una valoración idéntica (por ejemplo, incapacidad total con el mismo rango de puntos), el informe pericial pierde credibilidad y la aseguradora puede impugnarlo con éxito. La correcta baremación exige detallar cómo cada síntoma afecta a las tareas esenciales de la profesión y justificar el tramo elegido con referencia directa al baremo y a la Resolución DGSFP.

En la evaluación pericial y defensa legal del Long COVID, la precisión clínica y jurídica es indispensable. La colaboración con equipos como Atención Pericial puede marcar la diferencia en la solidez de la argumentación y la defensa de los derechos del lesionado. https://atencionpericial.com