La peritación psiquiátrica de los trastornos postraumáticos sigue siendo una de las áreas más controvertidas y complejas de la valoración del daño psíquico. El sistema legal español, pese a los avances del Baremo de Tráfico (Ley 35/2015), mantiene lagunas notables en la integración de criterios clínicos y jurídicos, que en 2026 continúan generando conflictos en la práctica pericial y en sede judicial.

Diagnóstico pericial de TEPT: obligación de rigor y límites del sistema

El dictamen pericial sobre un trastorno de estrés postraumático (TEPT) exige mucho más que un listado de síntomas. El perito médico debe fundamentar el diagnóstico en los criterios del DSM-5, CIE-10 o la reciente CIE-11, que introduce matices relevantes respecto a la conceptualización del trauma y la persistencia de los síntomas. La mera presencia de recuerdos intrusivos, evitación, alteraciones cognitivas y de reactividad no es suficiente: la peritación debe demostrar la relación de causalidad entre el hecho traumático y el cuadro clínico, así como la repercusión funcional en la vida del lesionado.

En la práctica, la dificultad radica en la objetivación del daño. Los síntomas del TEPT –flashbacks, hipervigilancia, insomnio, irritabilidad– son susceptibles de simulación o exageración, por lo que la peritación debe apoyarse en entrevistas clínicas estructuradas, pruebas psicométricas validadas y, cuando sea posible, información de terceros (informes laborales, familiares, etc.). No basta con la autodeclaración del afectado. Esto lo exige la doctrina del Supremo, que subraya la necesidad de prueba pericial robusta y no meramente declarativa.

Requisitos legales: Ley 35/2015, LEC y prevención de riesgos laborales

El marco legal para la valoración del daño psíquico tras accidente de tráfico viene delimitado por la Ley 35/2015. El artículo 93 establece que la indemnización por daños personales incluye el daño moral, que abarca el sufrimiento psicológico derivado del accidente. Para su cuantificación, el Baremo distingue entre perjuicio personal básico, particular y patrimonial, pero reconoce de forma expresa el daño psicológico como categoría indemnizable.

El artículo 346 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula la prueba pericial, exigiendo que el dictamen sea claro, motivado y basado en conocimientos científicos. El perito debe responder a los puntos de la pericia y someterse a contradicción. La experiencia demuestra que las peritaciones psiquiátricas deficientes, sin fundamentación clínica objetiva, acaban desestimadas o reducidas en sede judicial.

En el ámbito laboral, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995), en su artículo 14, obliga al empresario a proteger la salud física y mental de sus trabajadores. Si el TEPT tiene origen en un accidente de trabajo o acoso laboral, la peritación debe acreditar la relación causal y la repercusión en la capacidad laboral, lo que puede dar lugar a indemnización adicional o incluso a incapacidad permanente.

Cuantificación de la indemnización por TEPT: criterios y ejemplos

El Baremo de Tráfico contempla una horquilla amplia para la indemnización por daño psíquico, que oscila –según la gravedad– entre menos de 2.000 € y más de 80.000 €. La práctica pericial debe justificar el encuadre del caso concreto en uno u otro tramo, atendiendo a la intensidad, duración y repercusión del trastorno.

Supongamos un lesionado de 35 años que, tras un accidente de tráfico, desarrolla un TEPT moderado: síntomas persistentes que requieren terapia psicológica durante 8 meses, sin imposibilidad laboral permanente. En este escenario, la indemnización orientativa por daño psicológico moderado oscilaría entre 2.000 € y 10.000 €.

Si el cuadro es grave –por ejemplo, un TEPT con incapacidad para trabajar, necesidad de psicofármacos y tratamiento psiquiátrico prolongado durante más de un año– la horquilla indemnizatoria se sitúa entre 10.000 € y 30.000 €. En casos muy graves, con incapacidad laboral total o cronicidad, la indemnización puede superar los 30.000 € y alcanzar los 80.000 € o más, siempre que la peritación acredite la gravedad y permanencia del daño.

La cuantificación debe tener en cuenta, además, el perjuicio patrimonial (art. 107 Ley 35/2015), como el coste de terapias, pérdida de ingresos o adaptación del puesto de trabajo, si procede. No es infrecuente que la discrepancia entre peritos y partes radique precisamente en la valoración de la repercusión funcional y la duración del tratamiento.

Jurisprudencia reciente: exigencia de prueba y revisión crítica del daño psíquico

Las resoluciones de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y de diversas Audiencias Provinciales entre 2023 y 2025 insisten en la necesidad de una prueba pericial rigurosa y objetiva. La doctrina del Supremo es clara: el daño psíquico debe quedar acreditado mediante dictamen pericial fundado, que relacione el hecho traumático con el trastorno y valore la intensidad, duración y repercusión funcional.

En particular, la jurisprudencia reciente ha corregido indemnizaciones infladas cuando la peritación se basa exclusivamente en la declaración del afectado, sin soporte clínico o psicométrico. Del mismo modo, se han reconocido indemnizaciones elevadas en supuestos en los que la peritación acredita, con pruebas objetivas y seguimiento longitudinal, la cronicidad y gravedad del TEPT, especialmente cuando hay incapacidad laboral o social relevante.

Un matiz interesante de los últimos años es la valoración del daño psicológico en familiares de víctimas mortales o testigos presenciales, con indemnizaciones que oscilan entre 3.000 € y cifras significativamente superiores cuando se acredita un trastorno psíquico específico (por ejemplo, TEPT secundario o fobia incapacitante).

Desafíos actuales: simulación, cronicidad y límites del baremo

El principal desafío en la peritación psiquiátrica del TEPT sigue siendo la detección de simulación o exageración. El sistema judicial exige al perito una justificación técnica de la autenticidad del cuadro, lo que implica descartar ganancias secundarias y valorar la coherencia clínica del relato. Las pruebas psicométricas validadas son útiles, pero no infalibles; la experiencia clínica y la contrastación de fuentes externas resultan insustituibles.

Otro reto es la valoración de la cronicidad. El baremo tiende a infravalorar los trastornos psiquiátricos persistentes, ya que la indemnización se concentra en los primeros años y no siempre refleja el impacto a largo plazo en la vida laboral y social. La doctrina del Supremo reconoce esta limitación y, en ocasiones, ajusta al alza la indemnización cuando la peritación acredita un daño psíquico irreversible.

Por último, la integración de la peritación psiquiátrica en los procedimientos judiciales sigue siendo problemática. La falta de formación específica de muchos operadores jurídicos conduce a veces a decisiones contradictorias o a la minusvaloración del daño psíquico. La peritación debe ser didáctica, argumentada y comprensible para el tribunal, sin perder rigor clínico.

Refutando el contraargumento: ¿exceso de indemnizaciones por daño psíquico?

Se ha argumentado que la flexibilidad del baremo y la subjetividad de la peritación psiquiátrica conducen a un exceso indemnizatorio y a la proliferación de reclamaciones espurias. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las reclamaciones de daño psíquico fracasan por falta de prueba pericial robusta. Los tribunales aplican un criterio restrictivo y exigen, conforme a la doctrina del Supremo, una justificación objetiva y probada del daño, su gravedad y su nexo causal con el hecho traumático.

La peritación psiquiátrica, bien realizada, es una herramienta de justicia y no de enriquecimiento injusto. Los abusos existen, pero son la excepción, no la norma, y la solución pasa por reforzar la exigencia técnica y la formación de los peritos, no por restringir el reconocimiento del daño psíquico real.

Conclusión: el papel esencial de la peritación psiquiátrica rigurosa

La valoración del daño psíquico postraumático exige una peritación psiquiátrica rigurosa, fundamentada en criterios clínicos internacionales y en la legislación vigente. El sistema legal español reconoce el derecho a la indemnización por TEPT, pero solo la prueba pericial objetiva y motivada garantiza una reparación justa.

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